Hoy, al leer en Emol que la UDI —específicamente los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Jorge Alessandri— advierte que el llamado “Observatorio Público del Mercado de Arriendo” propuesto por la candidata Jeannette Jara podría convertirse en una puerta abierta al control estatal, en Daniel García Home nos detuvimos a pensar (y a respirar un poco, porque estos temas dan para algo más que reacciones de tuits voladores.
La propuesta en foco
Según los lineamientos del programa de Jara (Medida Nº 149), hoy falta una información ordenada y confiable que regule —o al menos haga transparente— el mercado de arriendo. Se propone la creación de un registro digital integral de contratos, cruzando datos notariales con los del SII, para “facilitar la búsqueda de propiedades, promover transparencia y fiscalizar abusos o arriendos informales”
En teoría, suena bien: más información, más claridad, menos informalidad.
Lo que preocupa —y no sin razón
Los parlamentarios de la UDI hacen sonar una alarma válida: recuerdan medidas similares en Venezuela, Cuba o Argentina (como la llamada “Ley Lipovetzky” en 2020) donde, bajo promesas de control de precios, se desencadenaron escasez de oferta, aumento de precio —hasta un 60%— y creación de mercados paralelos informales
Aquí no se trata de boicotear una iniciativa que suena útil sobre el papel. Es más bien un llamado a la cautela: sin una estrategia inteligente detrás, más datos podrían convertirse en freno involuntario del mercado.
¿Qué opina Daniel García Home?
Desde la experiencia de años recorriendo propiedades por Santiago —y también por regiones— compartimos una mirada equilibrada y humana:
- Transparencia, sí… pero con equidad. Información clara empodera, pero solo si todos los actores —arrendadores y arrendatarios— acceden a ella de forma justa. Eso exige facilitar, no centralizar exclusivamente.
- Evitar efectos colaterales. Tener un registro de arriendos es útil, sí. Pero debe ir acompañado de políticas reales que incentiven la oferta —facilitando trámites, apoyando viviendas de arriendo social, incorporando incentivos tributarios inteligentemente calibrados—.
- Privacidad y confianza. Si el Estado sabe “todo”: quién arrienda, a qué precio, cómo y dónde… algunos arriendos podrían migrar a la informalidad por desconfianza. Hay que equilibrar fiscalización y respeto por la privacidad.
- Pilotos antes que despliegue masivo. Idealmente, arrancar con pruebas en determinadas comunas o regiones para medir efectos concretos. Así se detectan riesgos antes de armar una base de datos nacional que nadie sabe cómo podría usarse en el largo plazo.
En resumen
La intención de Jara de transparentar el mercado de arriendo es justa, e incluso necesaria. Pero, como siempre digo–y tú también lo sabes, lector— en asuntos de vivienda no hay atajos: las buenas ideas deben aterrizar con cuidado, sí, con cuidado humano y técnico.
Desde Daniel García Home proponemos: sí al acceso informado; sí a un observatorio útil; pero construyámoslo paso a paso, escuchando a todos, cuidando la oferta y —por sobre todo— respetando los derechos de quienes arriendan y quienes arrendan.
Esto no es solo política ni técnica: es sentido común, en voz baja y con experiencia.
¿Qué opinan Uds?
